Deuda pública en Colombia: Menos deuda no siempre significa una deuda más barata: el costo de los intereses en Colombia

La deuda pública en Colombia puede disminuir frente al PIB y, aun así, generar una mayor carga fiscal. Una caída de la deuda frente al PIB puede parecer una buena noticia mas el costo de los intereses, las condiciones de financiación y los vencimientos determinan cuánto presiona realmente la deuda al presupuesto nacional.

Imagine dos hogares. El primero debe más dinero, pero consiguió un crédito de largo plazo y con una tasa baja. El segundo debe menos, aunque cada mes entrega una parte mucho mayor de sus ingresos al banco. ¿Cuál de los dos enfrenta la situación más difícil?

Con los países ocurre algo parecido. La conversación pública suele concentrarse en una sola cifra —la deuda como porcentaje del producto interno bruto—, pero esa cifra no cuenta toda la historia. Dice cuánto se debe frente al tamaño de la economía, no cuánto cuesta financiar esa deuda ni qué parte del presupuesto queda comprometida para pagarla.

Una deuda relativamente menor puede convertirse en una carga fiscal más pesada cuando se contrata a tasas más altas.

Colombia ofrece un caso especialmente útil para entender esta diferencia. Las series del Observatorio permiten seguir el saldo de la deuda, su relación con el PIB, el crecimiento de los TES, las tasas de las nuevas emisiones y los recursos destinados a su servicio.

La cifra que parecía una buena noticia

Al cierre de 2022, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central equivalía al 58,29 % del PIB. Un año después había descendido hasta 54,20 %. Vista de manera aislada, la reducción parecía indicar que el país estaba dejando atrás parte de su presión fiscal.

Pero la historia no terminó allí. El indicador volvió a subir: alcanzó 57,88 % en 2024 y 62,91 % en 2025. La aparente mejora de 2023 no se consolidó.

Detrás de este movimiento había dos velocidades distintas. Entre 2022 y 2025, el PIB nominal creció cerca de 26 %, al pasar de aproximadamente $1.471 billones a $1.853 billones. En ese mismo periodo, la deuda bruta aumentó alrededor de 37 %, desde $872,7 billones hasta $1.192,6 billones.

Mientras el denominador crecía, la deuda avanzaba aún más rápido. La relación deuda/PIB terminó reflejando esa diferencia.

Mientras el porcentaje cambiaba, la deuda seguía creciendo

Los porcentajes pueden subir o bajar por movimientos tanto de la deuda como del PIB. Por eso conviene detenerse en el valor nominal.

En agosto de 2022, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central era de aproximadamente $805 billones. Para junio de 2026 alcanzaba $1.167 billones. En menos de cuatro años se agregaron cerca de $362 billones, un aumento nominal próximo al 45 %.

No todo ese incremento representa gasto nuevo. En el saldo intervienen desembolsos previamente programados, refinanciaciones, movimientos de la tasa de cambio, indexación de títulos en UVR y operaciones de manejo de deuda. Pero la magnitud sí permite dimensionar el compromiso financiero acumulado.

Los TES cuentan otra parte de la historia

Buena parte de la financiación del Gobierno ocurre a través de los TES. En agosto de 2022 había aproximadamente $439,2 billones en circulación. En septiembre de 2026 el stock llegaba a $803,0 billones.

El aumento fue de $363,8 billones, equivalente a 82,8 % en términos nominales. Cada emisión ayuda a financiar al Gobierno hoy, pero también crea pagos futuros: cupones, amortizaciones y nuevas necesidades de refinanciación cuando los títulos vencen.

La deuda pública funciona, en este sentido, como una serie de decisiones que viajan hacia adelante en el tiempo. El presupuesto de mañana empieza a ocuparse con los títulos emitidos hoy.

La deuda también cambió de composición

En agosto de 2022, la deuda interna representaba aproximadamente 59,8 % de la deuda bruta del GNC. En junio de 2026 ya correspondía al 77,1 %.

La deuda interna pasó de $481,6 billones a $899,8 billones, mientras la externa descendió de $323,4 billones a $267,4 billones. Esta recomposición reduce parte de la exposición directa a la tasa de cambio, pero hace que las condiciones del mercado local —las tasas en pesos, la inflación y la demanda por TES— tengan un peso todavía mayor.

El precio de pedir prestado

Hasta aquí hemos hablado del tamaño de la deuda. Falta la segunda mitad del problema: su precio.

El costo promedio de las nuevas colocaciones de TES COP de mediano y largo plazo fue de aproximadamente 12,54 % en 2025 y 12,25 % en el corte disponible de 2026. Aunque se observa una reducción moderada, el Gobierno continúa financiándose a tasas elevadas.

En los TES denominados en UVR, el costo promedio real se ubicó en 6,41 % en 2025 y 6,38 % en 2026. Esa tasa no incluye todo el efecto financiero: el principal de estos títulos también se ajusta con la inflación.

La tasa de política monetaria influye, pero no decide por sí sola cuánto paga el Gobierno. Los inversionistas también incorporan el plazo, la inflación esperada, la liquidez del mercado y la percepción de riesgo fiscal. Por eso las tasas de los bonos públicos de largo plazo pueden subir incluso cuando el Banco de la República empieza a reducir su tasa.

Cuando la deuda llega al presupuesto

El costo deja de ser una abstracción cuando aparece en la ejecución presupuestal.

Los pagos por servicio de la deuda pública fueron de aproximadamente $68,8 billones en 2022. Después aumentaron a $75,1 billones en 2023, $82,8 billones en 2024 y $104,5 billones en 2025. En tres años crecieron cerca de 52 %.

El servicio incluye intereses y amortizaciones, de modo que no todo corresponde al costo financiero. Aun así, cada peso destinado a atender estas obligaciones compite dentro del presupuesto con inversión, infraestructura, educación, salud y otros compromisos del Estado.

El FMI estimó que los intereses del Gobierno Central representaron alrededor de 4,3 % del PIB en 2024. El Marco Fiscal de Mediano Plazo proyectó 4,7 % para 2025 y 4,8 % para 2026. Esa es la carga que una lectura exclusiva de la relación deuda/PIB puede dejar fuera.

Una comparación que cambia la perspectiva

Pensemos en dos países. El País A tiene una deuda equivalente al 60 % de su PIB y paga una tasa promedio de 4 %. Su carga de intereses sería cercana al 2,4 % del PIB. El País B debe solamente 50 % del PIB, pero paga una tasa de 8 %: sus intereses alcanzarían aproximadamente 4 % del PIB.

El País B parece menos endeudado cuando se mira el indicador tradicional. Sin embargo, su presupuesto soporta una carga financiera considerablemente mayor.

No basta con preguntar cuánto debe un país. También hay que preguntar a qué tasa, por cuánto tiempo y con qué ingresos pagará.

Las siete piezas que completan el diagnóstico

1. Deuda/PIB: permite comparar el saldo con el tamaño de la economía.
2. Saldo nominal: muestra cuánto han crecido realmente las obligaciones.
3. Intereses: revela la presión financiera directa sobre las cuentas públicas.
4. Costo de las nuevas emisiones: anticipa cuánto costará refinanciar la deuda.
5. Vencimientos: identifica los años en los que se concentran pagos y renovaciones.
6. Composición: distingue riesgos en pesos, UVR y moneda extranjera.
7. Ingresos y crecimiento: indican la capacidad del Gobierno para responder sin desplazar otros gastos.

La conclusión detrás de las cifras

La relación deuda/PIB sigue siendo una medida útil, pero no es un veredicto. La experiencia reciente de Colombia muestra por qué: mientras el indicador disminuía temporalmente, el saldo nominal continuaba creciendo; después, la relación volvió a subir y el servicio de la deuda ocupó una porción cada vez mayor del presupuesto.

Esto no significa que todo endeudamiento sea negativo. La deuda permite distribuir inversiones en el tiempo, enfrentar emergencias y financiar proyectos cuyo beneficio puede extenderse durante décadas. El problema aparece cuando su costo crece más rápido que la capacidad fiscal para atenderla.

Por eso, una reducción de la deuda como porcentaje del PIB puede ser una buena noticia, pero nunca debe leerse sola. Si las tasas son más altas, los vencimientos se concentran o los ingresos resultan insuficientes, una deuda aparentemente menor puede imponer una carga mayor al Estado y a los contribuyentes.